María Chivite, portavoz del Grupo Socialista, y Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante su respuesta en el Pleno del Senado.

María Márquez. Madrid
En una intervención en el pleno del Senado plagada de cifras (la mayoría ya conocidas) y reproches (también habituales) a la oposición, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha desglosado por primera vez la “deuda heredada” de la etapa socialista de 16.000 millones de euros, de los que las mayores cuantías (6.300 y 5.000 millones) corresponden a suministros de medicamentos y compras a empresas de tecnología, respectivamente.

La titular de Sanidad lo ha hecho para responder a la portavoz del PSOE María Chivite, quien por otro lado, le ha recordado el carácter acumulativo de la deuda en este año, apuntando 2.055 millones a 31 de agosto.

La portavoz de Entesa, Mónica Almiñana.

Siguiendo con ‘las cuentas’ de la ministra, el resto de importe correspondería a los 1.930 millones en adeudo a las oficinas de farmacia y los 2.170 millones “para empresas de servicios”. En definitiva, tal y como ha recalcado Mato en otras ocasiones, el 73 por ciento del plan de proveedores aprobado por el Gobierno de Rajoy se ha dedicado a los pagos en este sector sanitario. Aceptando la deuda anterior, Chivite ha marcado la diferencia entre el gobierno de su partido y el actual asegurando que el PP “además elimina prestaciones y aumenta el copago”.

Pacto de Estado

Por su parte, la portavoz de Entesa, Mónica Almiñana, ha comparecido ante la Cámara alta para interpelar al Gobierno sobre sus políticas en materia de salud y servicios sociales y el enfoque de estas de cara a la relación con las comunidades autónomas. En medio del ‘tira y afloja’ sobre herencias, sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y rumbos ‘correctos’ ante la actual crisis económica, Mato ha manifestado su confianza en lograr un Pacto de Estado dejando a un lado la contienda partidista.

Además, Almiñana ha reprochado a la ministra de Sanidad que sus actuaciones se limiten a “ajustar” las partidas ya que, en opinión de su grupo, “eso no es luchar por la sostenibilidad, sino desmantelar”. En diez meses, el Gobierno ha acumulado, según la portavoz de Entesa, “más crisis y menos derechos para los ciudadanos”, situación para la que vislumbra un desenlace peor al analizar los Presupuestos Generales de 2013 que precisamente estos días se debaten en la Cámara baja.